Cosa juzgada refleja. La derivada de la sentencia que declaró la nulidad de la diligencia de ejecución de medidas provisionales llevada a cabo por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), no se traduce en la invalidez del procedimiento administrativo de infracción iniciado con motivo de aquella diligencia. “Hechos: Una persona moral titular de derechos marcarios solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la aplicación de medidas provisionales por la posible utilización de mercancías similares en grado de confusión con las que registró. En la diligencia de inspección se detectó la comercialización de mercancías similares a las protegidas y, por ende, se procedió a su aseguramiento. Posteriormente, el titular de las marcas solicitó la declaración administrativa de infracción en el plazo establecido en el artículo 199 Bis 3, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial (vigente hasta el veintinueve de septiembre de dos mil veinte). Paralelamente, la persona moral propietaria del establecimiento en donde se realizó la inspección demandó la nulidad de las medidas provisionales impuestas por el instituto y la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró la invalidez de la diligencia de inspección por la falta de designación de testigos. Posteriormente, el instituto resolvió el procedimiento de declaración administrativa de infracción en el cual determinó sancionar a la propietaria del establecimiento inspeccionado por haber cometido la infracción establecida en el artículo 213, fracción IV, de la ley citada. Esta última determinación se controvirtió por la sancionada en el juicio contencioso administrativo, en el que la Sala declaró su nulidad al estimar que operó la cosa juzgada refleja, dado que el procedimiento administrativo de declaración de infracción derivó del diverso procedimiento de medidas provisionales, cuya diligencia de inspección se declaró nula previamente, contra lo cual se promovió juicio de amparo directo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la cosa juzgada refleja derivada de la sentencia que declaró la invalidez de la diligencia de medidas provisionales llevada a cabo previamente al inicio del procedimiento de declaración administrativa de infracción, no se traduce en la nulidad de este último, sino en la imposibilidad de tomar en cuenta medios de prueba recabados en aquella diligencia al resolver sobre la comisión de infracciones. Justificación: Los artículos 199 Bis a 199 Bis 8 de la Ley de la Propiedad Industrial abrogada facultan al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para imponer al presunto infractor las medidas provisionales que prevé, entre ellas el aseguramiento de mercancías, entendidas como instrumentos provisionales que permiten conservar la materia de la controversia o litigio, así como evitar un grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad con motivo de la tramitación del procedimiento respectivo. En ese sentido, la imposición de medidas provisionales tiene una finalidad distinta al procedimiento de declaración administrativa de infracción, pues el propósito de éste radica en constatar a través de los medios de prueba específicos que el denunciado efectivamente realizó actos que contravinieron derechos de propiedad industrial de la empresa solicitante, con el objeto de imponer las sanciones y medidas de reparación correspondientes. También se advierte que el dictado de dichas medidas puede solicitarse antes del inicio del procedimiento administrativo de infracción, siendo que en tal caso su efectividad quedará supeditada a que el promovente presente la solicitud correspondiente ante el instituto, dentro de un plazo de veinte días contados a partir de la ejecución de la medida. Por tanto, la nulidad de la diligencia de ejecución de medidas provisionales llevada a cabo por el instituto previamente al inicio del procedimiento de declaración administrativa de infracción, no se traduce en la invalidez de este último, toda vez que las medidas y el procedimiento persiguen propósitos distintos y se tramitan de manera independiente, aun cuando pueden estar íntimamente relacionados por la naturaleza accesoria de las medidas provisionales. No obstante, los elementos de prueba que hubieren sido recabados en la diligencia de medidas provisionales no deben ser tomados en consideración por el instituto al resolver en torno a las infracciones denunciadas. DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 414/2021. 16 de febrero de 2023. Unanimidad de votos. Ponente: Ana María Ibarra Olguín. Secretario: Moisés Chilchoa Vázquez”. Fuentes: https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2026451
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